Antes, las entidades locales impulsaban la transición energética como podían, sin apoyo y bajo un marco jurídico poco definido. Ahora, gracias a cambios en la legislación, los municipios cuentan con una base legal sólida en la que se reconocen y exponen sus competencias.
En el comité técnico sobre este modelo de gestión energética, los expertos hablaron de su futuro reglamentario en España y de otros temas como la pobreza y la gobernanza energética.
En concreto, subrayaron que el reto actual no consistía en reconocer la función de las entidades locales en la transición energética como tal, sino en identificar con qué herramientas contaban y qué necesitan ahora para impulsarlas desde los municipios. En este contexto, hablaron de los próximos desarrollos normativos, el potencial de estas comunidades y de experiencias que servían de inspiración y de aprendizaje para otros territorios.
Según explica el coordinador de la sesión técnica y socio de SAMSO, Joan Herrera, “las comunidades energéticas existen desde hace varios años en el marco de la Unión Europea y se han convertido en el instrumento mediante el cual ciudadanía, pequeña y mediana empresa y entes locales pueden actuar juntos para transformar ciudades y pueblos en materia de energía”.
Un actor que lidere la transición ecológica
Hasta hace poco, los ayuntamientos tenían competencias en movilidad y transporte, pero carecían de capacidades para la toma de decisiones sobre energía; “una paradoja”, defiende el coordinador, porque “al final es el principal vector de generación de emisiones”, argumenta.
Por ello, el Real Decreto-ley 7/2026 es tan importante porque aporta un nuevo impulso normativo al desarrollo de estas comunidades y establece un mandato expreso al Gobierno para aprobar, en el plazo de tres meses, un real decreto que regule sus competencias. “Esto es un cambio radical porque en el centro de la acción municipal ha estado la transformación urbana, la cultura, la educación o los servicios sociales, pero no la energía”, apunta Herrera. “Esa dotación de competencias tiene que ser un hito en la agenda local para que la energía se convierta en un vector de cambio”.
Para potenciar su valor, los expertos del comité han puesto en valor la figura del gestor de autoconsumo, que se incorpora como representante de las personas consumidoras asociadas a una instalación colectiva.
Su reconocimiento jurídico simplifica la gestión administrativa de estos proyectos y profesionaliza tareas que, hasta ahora, recaían en muchos casos sobre asociaciones ciudadanas o promotores locales con recursos limitados. “Las comunidades energéticas estaban protagonizadas por pocos ‘motivados’ sin ser un actor central; ahora lo que tenemos que promover es que se conviertan en ese vector que protagonice la transición ecológica”, apunta el experto.
“Ahora no se trata tanto del número de comunidades sino de que se conviertan en un vector de transformación en generación renovable, en electrificación de consumos térmicos o en autoconsumo”, señala.
El valor de las CAEs
Finalmente, durante la sesión técnica también se hablará de los Sistemas de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) porque podrían ser una de las principales herramientas para financiar las actuaciones municipales. Herrera explica que en España son recientes, pero que en otros países europeos ya tienen una larga trayectoria.
“Hasta ahora hemos contado con los fondos Next Generation, pero si en algún momento disminuyen, los CAEs podrían ser el instrumento para financiar la transición”, concluye el experto.
Sin embargo, a pesar de su potencial, existen barreras para su aplicación en el sector público. Entre ellas, destacan las dudas jurídicas y administrativas, la falta de procedimientos y el desconocimiento existente en muchas entidades locales sobre cómo tramitar y monetizar los ahorros energéticos.
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