La 18 edición de CONAMA 2026 ha puesto el foco en la necesidad de transformar el actual modelo de infraestructuras de gestión de residuos para responder a los nuevos objetivos europeos y avanzar hacia una economía circular. Así lo ha planteado el Comité Técnico CT.35, “Industrialización para la economía circular. Transición del modelo de infraestructuras de residuos”.
Esta sesión tiene como objetivo analizar el modelo actual de infraestructuras y determinar en qué medida responde a los nuevos desafíos derivados de la normativa europea. En esta primera reunión se han identificado los principales debates y necesidades que deberán orientar la evolución del sistema y el trabajo técnico que se desarrollarán en CONAMA 2026.
Entre las principales prioridades destacan la necesidad de anticipar la planificación de las infraestructuras, modernizar el sistema en su conjunto, garantizar la financiación y la seguridad jurídica, asegurar mercados para los materiales recuperados y avanzar hacia una gobernanza territorial más eficiente. El comité también ha señalado la importancia de trabajar desde las primeras fases la aceptación social y la integración de las instalaciones en los territorios.
Planificar hoy las infraestructuras que estarán operativas durante décadas
Una de las principales conclusiones es que España necesita abordar una transformación integral de su sistema de infraestructuras de residuos. Los cambios normativos, los nuevos objetivos europeos y la extensión de las recogidas separadas están modificando simultáneamente numerosos flujos de residuos, por lo que, según el comité, no resulta suficiente analizar cada instalación o tipo de residuo de manera aislada.
La planificación deberá integrar todas las etapas de la cadena: recogida, clasificación, tratamiento, preparación para la reutilización, reciclaje, valorización y gestión de los rechazos. Esta visión permitiría detectar sinergias, evitar duplicidades y diseñar un sistema capaz de responder tanto a las necesidades actuales como a las futuras.
El comité ha subrayado además la urgencia de comenzar esta planificación. La autorización, financiación, construcción y puesta en marcha de una instalación puede prolongarse durante varios años, mientras que buena parte de los objetivos regulatorios más relevantes entrarán en vigor en 2030 y 2035. Las decisiones que se adopten ahora deberán, por tanto, anticipar la evolución de los residuos y de los mercados de materias primas secundarias.
Modernizar las plantas y adaptar el sistema a cada territorio
Es necesario responder a las necesidades de tratamiento de materia orgánica, envases, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, residuos voluminosos y fracciones de rechazo, si bien no existe un modelo único de infraestructura. Las soluciones deberán adaptarse a factores como la generación de residuos, las distancias, la densidad de población, la insularidad y las características específicas de cada territorio.
La mejora de las infraestructuras deberá ir acompañada de una mejora de la recogida separada y de la calidad de los materiales que llegan a las plantas. En este sentido, el sistema debe orientarse no solo al reciclaje, sino también a conservar el valor de los productos y facilitar su preparación para la reutilización.
Asimismo, el nuevo marco europeo de envases constituye uno de los principales motores de esta transformación. Los requisitos de reciclabilidad y reciclado a escala obligarán a revisar la recogida selectiva, las plantas de clasificación, la actividad de los recicladores y el propio diseño de los envases.
Dar salida a los materiales recuperados
Otro de los principales retos identificados es conseguir que los materiales recuperados tengan una salida efectiva en el mercado. El cumplimiento de los objetivos de reciclaje no depende únicamente de procesar los residuos, sino de garantizar que los materiales obtenidos puedan utilizarse posteriormente con seguridad y como materias primas secundarias.
Por ello, es necesario avanzar en criterios claros sobre el fin de la condición de residuo, con procedimientos más ágiles y garantías técnicas que permitan cerrar los ciclos sin reducir la protección ambiental. La cuestión afecta, entre otros materiales, al compost, los digestatos, los tecnosuelos y los plásticos reciclados.
Financiación, fiscalidad y seguridad jurídica para impulsar las inversiones
La transformación del sistema requerirá inversiones públicas y privadas de gran magnitud. Para facilitar la llegada de inversión, el CT.35 considera necesario contar con estabilidad regulatoria, acceso previsible a los flujos de residuos y posibilidades reales de comercialización de los materiales obtenidos.
En paralelo, se ha planteado el papel de la fiscalidad del vertido como instrumento para favorecer alternativas a la eliminación.
Cooperación territorial y aceptación social
La planificación de las infraestructuras deberá abordar también su dimensión territorial. El comité ha destacado la conveniencia de reforzar la cooperación entre comunidades autónomas y determinar qué tratamientos deben organizarse a escala local, autonómica, suprarregional o estatal, para evitar la duplicación de instalaciones y favorecer economías de escala, especialmente en aquellos tratamientos que requieren mayores volúmenes para resultar técnica y económicamente eficientes.
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