El pasado 20 de noviembre fue publicada la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire, que establecerá un nuevo marco comunitario cuyo objetivo es caminar hacia la “contaminación cero”, a fin de proteger tanto la salud humana como los ecosistemas naturales y la biodiversidad. CONAMA ha dedicado esta mañana una sesión técnica a analizar las novedades que trae la nueva normativa, que propone unos valores límite y objetivo (de obligado cumplimiento a partir de 2030), más ambiciosos y más cercanos a los valores guía de la OMS. También se introducen cambios en el marco legislativo, así como mayor información pública, un más amplio acceso a la justicia y el derecho a indemnización por afecciones de la contaminación en caso de incumplimiento de la normativa.
Ángeles Cristóbal, Subdirectora General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha moderado esta mesa de análisis de la directiva, que ha contado además con las intervenciones de David Antonio Cáceres, Jefe de Área de la Subdirección General de Prevención de la Contaminación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); Xavier Querol, profesor de Investigación del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) – CSIC y Jesús Sedano, abogado y socio de Uría Menéndez Abogados, gabinete especializado en derecho ambiental.
De presentar los principales puntos de la normativa se ha encargado David Antonio Cáceres, quien ha comenzado su intervención poniendo el acento en los nuevos valores límite, que traen consigo “una bajada sustancial del valor”. Por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre (SO2), se ha pasado de permitir 24 horas de superación de los límites al año a tan solo tres.
“En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), vuelve a estar a 200 microgramos por metro cúbico, pero de las 18 horas de superación, se pasa a tres horas, lo cual es una bajada muy importante. También hay una importante bajada en cuanto al valor límite anual, desde 40 microgramos por metro cúbico a 20 microgramos”.
Este mismo escenario se repite con las peligrosas partículas en suspensión, como las PM10 y PM2,5, para las que se han mandatado reducciones de hasta la mitad en cuanto al valor límite anual, en caso de la PM10, y de más de la mitad en el caso de la PM2,5 (de 25 a 10 microgramos).
Para medir estos niveles de contaminación, la directiva obligará a instalar diez puntos adicionales de medición. En un apartado diferente se encuentra la nueva figura de los superemplazamientos. Se trata de estaciones de monitoreo que serán instaladas para medir contaminantes emergentes para los que no se establece un valor legislado. Su misión será permitir un mejor conocimiento científico sobre estos nuevos contaminantes y sus interacciones.
Todas estas medidas entrañan diferentes retos, que Xavier Querol, uno de los grandes expertos a nivel mundial en el ámbito de la contaminación, divide en tres categorías: científicos, tecnológicos y políticos. El científico del CSIC ha valorado durante su intervención que “el primer reto era cerrar el gap entre la normativa europea de calidad del aire y los valores guías de la OMS. Reto que parece que se está cumpliendo, aunque se haya hecho tarde”.
Querol también ha expuesto las relaciones entre contaminación y cambio climático, señalando que existe una “retroalimentación negativa”. Es decir, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero también provoca, inevitablemente, más contaminación del aire. Por otro lado, también se detectan “sinergias positivas”, derivadas del hecho de que la reducción de gases provoca, al mismo tiempo, un menor calentamiento de la atmósfera y un incremento de la calidad del aire.
Otra de las principales novedades de la directiva comunitaria es que garantiza que los ciudadanos puedan acceder ante la justicia, especialmente en relación con tres aspectos, que detalle el abogado Jesús Sedano: “Ubicación y puntos de muestreo; planes de calidad del aire y hojas de ruta; y los planes de acción a corto plazo”
La directiva también reconoce de forma muy relevante el “derecho a una indemnización por daños a la salud humana”. El abogado experto en derecho ambiental recuerda que, en el caso específico de España, la ley ya permite este tipo de reclamaciones cuando se puede demostrar dicho daño derivado de una mala actuación de la administración.
El tipo y la cuantía de las sanciones que se establecerán para resarcir de estos posibles daños a la salud serán establecidos por los estados miembros en el proceso de trasposición de la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.
