Mejora del marco jurídico de los aprovechamientos maderables en montes públicos

El proyecto “Red Estatal de Montes Públicos” fue seleccionado en la convocatoria de 2023 de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos transformadores de bioeconomía forestal y transición ecológica, regulada por la Orden TED/1014/2021, modificada por la Orden TED/408/2023. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, y fue concedido por Resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad de 8 de febrero de 2024, con duración del 09/02/2024 al 31/12/2025.

La aportación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) ha consistido en estudiar la regulación de la enajenación de los aprovechamientos forestales maderables en montes públicos, en especial en los catalogados de utilidad pública, y formular propuestas de mejora de los marcos legales y procedimentales estatal y autonómicos.

Se analizaron las disposiciones aplicables a la enajenación de los aprovechamientos forestales maderables en montes demaniales a la luz de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como la normativa autonómica correspondiente.

En conexión con estas disposiciones, se examinaron la Estrategia Forestal Española horizonte 2050, el Plan Forestal Español 2022-2032, los planes forestales autonómicos, los planes de ordenación de los recursos forestales y los instrumentos de ordenación disponibles. El estudio se completó con el análisis de distintos pliegos y expedientes de enajenación de aprovechamientos maderables en montes demaniales. Finalmente, se realizaron análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del marco estatal y de cada comunidad autónoma.

Estos DAFO muestran incertidumbres jurídicas, deficiencias en la redacción de los pliegos, dificultades de coordinación entre las administraciones involucradas y carencias en el despliegue de la ordenación forestal. Asimismo, identifican buenas prácticas susceptibles de adaptación a otros territorios.
Del análisis se desprende que un marco jurídico claro, con procedimientos coherentes y una planificación efectiva, puede favorecer el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables. Su aplicación requiere medios técnicos y económicos, seguimiento y reinversión del beneficio obtenido de las enajenaciones en los propios montes. La simplificación de los procedimientos debe contribuir a este objetivo, sin que decaigan las garantías ambientales que sustentan la gestión forestal sostenible.

El trabajo culmina con tres propuestas técnicas de mejora del marco jurídico descrito.
La primera aborda la licitación y los pliegos de los aprovechamientos maderables y aclara aspectos relacionados con la delimitación del objeto del contrato y su plasmación en los pliegos, su régimen jurídico y las condiciones de adjudicación y ejecución.
La segunda reúne buenas prácticas regulatorias para clarificar conceptos y competencias, simplificar procedimientos y reforzar la financiación de las mejoras forestales.
La tercera establece directrices para la planificación y ordenación forestales, con instrumentos actualizados y adecuados a las características de los montes y de los aprovechamientos previstos.

Analizar el marco jurídico aplicable a la enajenación de los aprovechamientos forestales maderables en montes públicos, con especial atención a los catalogados de utilidad pública, en el marco de la acción A6 de la Red Estatal de Montes Públicos. Identificar las dificultades normativas y procedimentales que afrontan las Administraciones autonómicas y locales, esclarecer la naturaleza jurídica de los contratos y la normativa aplicable, y examinar la distribución de competencias y su conexión con la planificación y la ordenación forestales. Formular propuestas de mejora que refuercen la seguridad jurídica, faciliten la tramitación administrativa y contribuyan a una gestión activa y sostenible del patrimonio forestal público.

La investigación combina el análisis sistemático de la normativa estatal y autonómica, la doctrina, la jurisprudencia y los dictámenes e informes de órganos consultivos con el examen de expedientes de licitación y pliegos publicados en las plataformas de contratación del sector público. Se emplean técnicas descriptivas, analíticas y críticas para comparar los regímenes jurídicos y valorar su coherencia y aplicación práctica. El estudio se completa con consultas a representantes de Administraciones autonómicas y locales mediante cuestionarios, correos electrónicos, videoconferencias, conversaciones telefónicas y visitas. Los resultados se organizan en 17 documentos jurídicos y se sintetizan mediante análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, como base para elaborar tres propuestas de mejora normativa.

El estudio identifica falta de uniformidad en los procedimientos de enajenación, confusiones en la calificación de los contratos y en la elección de la normativa contractual o patrimonial, así como dificultades en la redacción de pliegos y en la delimitación de competencias autonómicas y locales. A partir de este diagnóstico, se elaboran tres propuestas: mejora de la licitación y los pliegos; buenas prácticas regulatorias; y directrices básicas de planificación y ordenación forestales. Se aportan modelos de cláusulas y pliegos, pautas para integrar criterios ambientales, precisar el régimen de las mejoras y su financiación, y reforzar la cooperación interadministrativa. Estas herramientas buscan simplificar los procedimientos, reducir la inseguridad jurídica y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables de los montes públicos.