Incendios forestales y su relación con la legislación y la gestión forestal en Castilla y León
Energía y economía circular
Alfonso García Álvaro · Universidad de Valladolid
María Pascual Núñez (CIEDA-CIEMAT), Sergio Pérez Riega (Universidad de Valladolid), Diego Sánchez Ocal (Universidad de Valladolid), Patricia Lope León (Universidad de Valladolid), Samuel Serrano Bruna (Universidad de Valladolid), Paula Vano Lavilla (Universidad de Valladolid), Juan Barrena Marcen (Universidad de Valladolid), Manel Doyáguez Pérez (Universidad de Valladolid)
Energia, eficiencia y cambio climático, Territorio, Calidad ambiental y salud, Economía y Sociedad
Otro
El presente estudio analiza la evolución de los incendios forestales y del marco legislativo en España en los últimos 50 años, prestando especial atención a la comunidad autónoma de Castilla y León. A partir de las series históricas del número de incendios, superficie quemada y grandes incendios forestales, se examina su relación con los cambios normativos y los factores ambientales y socioeconómicos.
El incremento de los episodios de sequía y temperaturas extremas, junto con la despoblación rural, el abandono de actividades tradicionales y la acumulación de biomasa de combustible vegetal, ha favorecido escenarios de mayor riesgo de grandes incendios. En este contexto, la gestión forestal activa, mediante tratamientos selvícolas, aprovechamientos sostenibles y planificación territorial, constituye una herramienta fundamental de prevención.
Por un lado, el análisis legislativo pone de manifiesto un marcado componente reactivo de las políticas forestales, con reformas nornativas posteriores a incendios especialmente graves, como los de la Sierra de la Culebra (Zamora, 2022), que precedieron al Real Decreto-ley 15/2022, o los graves incendios de León y otras zonas de Castilla y León en 2025, con nuevas medidas autonómicas.
Esta orientación reactiva contrasta con la necesidad de una prevención estructural que no queda suficientemente reflejado en el reparto económico. Según el análisis de Pascual Núñez (2026), la fiscalización sobre actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales, determinó que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, entre los años 2016 y la actualidad, destinaron más del 80 % de los recursos a extinción, frente a tratamientos selvícolas, forestación o restauración ambiental. Esta distribución evidencia, en el ámbito presupuestario analizado, el predominio de la respuesta al fuego sobre la gestión preventiva del combustible, reforzando la necesidad de impulsar una gestión forestal activa, continuada y económicamente viable.