El Procedimiento FSC de Servicios del Ecosistema y su Aplicación en España
Energía y economía circular
Elena Prieto · FSC ESPAÑA
Elena Prieto Rodao (FSC España); Silvia Martínez Martínez (FSC España); Lorena Guerra Estruch (FSC España); Manuel Chaves Céspedes (FSC España); Gonzalo Anguita Alegret (FSC España)
Energia, eficiencia y cambio climático, Territorio, Biodiversidad, Agua, Calidad ambiental y salud, Economía y Sociedad
Otro
El procedimiento FSC de servicios del ecosistema se presenta como una eficaz herramienta para demostrar el impacto positivo de la gestión forestal sostenible y poner en valor los servicios ambientales. Desde su primera versión en 2018, el procedimiento ha sufrido una serie de modificaciones, resultado de los procesos de revisión y consulta pública, hasta llegar a la actual versión 2-1, con la que se fortalecen las soluciones de mercado para abordar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad.
El procedimiento contiene una metodología con los pasos que los gestores forestales deben seguir para demostrar sus impactos positivos sobre siete servicios del ecosistema. Adicionalmente, funciona como herramienta para que los gestores puedan encontrar financiación para sus actividades por parte de potenciales patrocinadores. Una vez los impactos son verificados o validados por una tercera parte independiente, tanto organizaciones gestoras como patrocinadores, en caso de que los haya, pueden hacer declaraciones de servicios del ecosistema basadas en datos de calidad. Estas declaraciones sirven para comunicar el impacto de la gestión forestal sostenible y como una fuente de datos fiable que las empresas pueden utilizar en sus reportes de sostenibilidad. Los proyectos de servicios del ecosistema FSC ofrecen una inversión creíble, fiable y basada en estándares reconocidos internacionalmente.
En España, ya hay 18 titulares de certificado que han optado por adoptar este procedimiento para dar a conocer los impactos de la gestión responsable en sus montes. Actualmente hay un total de 51 impactos verificados o validados en biodiversidad, agua, carbono y uso recreativo, afectando a una superficie de más de 100.000 hectáreas.