COMPLY: plataforma digital para la normativa de residuos de construcción y demolición en Malta

Los pequeños estados insulares deben aplicar la misma legislación ambiental europea que países mucho más grandes, pero con una capacidad administrativa, técnica y humana muy limitada. En Malta, los residuos de construcción y demolición (RCD) suponen aproximadamente el 80 % de los residuos generados cada año. El reglamento marco de RCD (S.L. 549.161 de la legislación maltesa) exige desde enero de 2026 una auditoría previa a la demolición para los grandes proyectos y fija, a partir de 2028, objetivos obligatorios de reutilización y reciclaje, con sanciones por tonelada. Sin embargo, la guía operativa que permitiría cumplir estas obligaciones aún no se ha publicado, y promotores, contratistas y técnicos, en su mayoría pymes, carecen de recursos para interpretarlas por sí solos.

COMPLY es un proyecto de investigación del Islands and Small States Institute (ISSI) de la Universidad de Malta, desarrollado en colaboración con una consultora ambiental y en diálogo continuo con la autoridad ambiental nacional (ERA). Guiado por catorce entrevistas con representantes del regulador, técnicos auditores y promotores, el proyecto ha creado una plataforma digital que traduce la normativa en un proceso paso a paso: determinación de la obligación de auditoría, identificación de flujos de residuos con códigos de la Lista Europea de Residuos (LER), cálculo de cantidades y del potencial de reutilización, estimación de sanciones, un asistente de consulta basado en inteligencia artificial y la generación automática del informe exigido.

La plataforma está operativa y es de acceso gratuito. La ERA la revisó técnicamente y sus observaciones se incorporaron al sistema. El lanzamiento de la plataforma reunió a 40 actores clave de los sectores ambiental, de la construcción, regulador y académico. Las entrevistas mostraron que el incumplimiento responde sobre todo a la falta de capacidad para interpretar las obligaciones, no a la falta de voluntad.

La investigación muestra que, en territorios con recursos limitados, la colaboración entre administración, empresa y universidad es tan decisiva como la tecnología: la escala reducida permite sentar a todos los actores en la misma mesa. El proyecto ofrece una metodología transferible a otras normativas, a otros territorios insulares, como Baleares o Canarias, y a entornos con baja capacidad administrativa, como muchos municipios rurales.