Para Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, el éxito del Reglamento de Restauración de la Naturaleza en España dependerá de un enfoque equilibrado entre ciencia, gobernanza y consenso social. “Necesitamos un marco estable, lo más consensuado posible, que permita restaurar nuestros ecosistemas sin generar conflicto social o político”, señala, subrayando que los retos van desde la coordinación entre administraciones hasta la financiación adecuada para proyectos concretos.
A pesar de los desafíos, Magdaleno destaca el potencial estratégico del reglamento como un catalizador para alcanzar los compromisos climáticos y de biodiversidad asumidos por España. “La neutralidad climática es inalcanzable sin restaurar nuestros ecosistemas, pero esta ley no solo responde a metas ambientales; también asegura la continuidad de actividades socioeconómicas frente a las amenazas del cambio climático”.
Con un marco de acción claro, objetivos definidos para 2030, 2040 y 2050, y el compromiso de integrar las restauraciones en las herramientas de planificación estratégica, Magdaleno insiste en que la clave será reforzar la participación activa y garantizar la transparencia en la toma de decisiones.
Desde su ámbito ¿Cuáles considera que serán los principales desafíos para implementar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza en España?
Entre los principales desafíos para su implantación destacan los relacionados con (i) el conocimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats y hábitats de especies a los que se dirige el Reglamento, tanto en medio terrestre como marino, así como de sus requerimientos ecológicos; (ii) la coordinación con todos los niveles de la administración española y con las entidades públicas y privadas que tienen competencia o interés en el preparación y puesta en marcha del Plan Nacional de Restauración; (iii) la existencia de un marco financiero y presupuestario que permita poner en marcha los proyectos concretos de restauración en zonas terrestres y marinas; (iv) el desarrollo de un marco de gobernanza que permita optimizar la participación pública, la eficiencia y la comunicación de las actuaciones de restauración.
Se trata, por tanto, de desafíos relacionados con el encaje normativo, científico, técnico y social del Plan Nacional de Restauración, considerando que la restauración a gran escala de los ecosistemas españoles precisa de un marco estable y lo más consensuado posible, que minimice la conflictividad social y política sobre su implementación.
¿Qué oportunidades ofrece este reglamento para avanzar en la restauración de ecosistemas y cómo su sector puede contribuir a maximizar sus beneficios?
El Reglamento constituye un instrumento estratégico para los países de la UE, especialmente en el contexto de la urgente necesidad de adaptarse al cambio climático y de mitigarlo, desde un enfoque ecosistémico -ya que la neutralidad climática resulta una meta difícilmente alcanzable si no se restauran los ecosistemas-, y en respuesta a los compromisos asumidos con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero también como una potente herramienta para asegurar el mantenimiento de las actividades socioeconómicas en un escenario futuro con relevantes amenazas climático-ambientales.
El Reglamento incorpora un marco para que los Estados miembros pongan en marcha medidas de restauración que cubran, para 2030, al menos el 20 % de las zonas terrestres y marinas de la UE y, para 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración, particularmente en los hábitats protegidos por la Directiva de Hábitats para los que ya existen metodologías que permiten determinar su buen estado. Esto facilita la definición de objetivos concretos de restauración para dichos hábitats, estableciendo metas de obligado cumplimiento para los años 2030, 2040 y 2050. Todos estos objetivos suponen una manera de catalizar la consecución de los objetivos ambientales ya contenidos en las respectivas políticas sectoriales.
Desde el ámbito de la administración general del Estado, se debe realizar un importante esfuerzo coordinador y de gobernanza para que España pueda alcanzar los objetivos fijados por el Reglamento, con especial énfasis en la integración de las actuaciones de restauración de la naturaleza con todas las herramientas de planificación estratégica y de gestión ya vigentes en materia tanto sectorial como ambiental. Y también de transparencia en la toma de decisiones, y de refuerzo de la participación activa y la comunicación a la sociedad.
