Para Jordi Cortina Segarra, del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, la Ley de Restauración de la Naturaleza es un marco único en su alcance y ambición. “Esta ley reconoce que hemos degradado la naturaleza durante siglos, y ahora, colectivamente, debemos repararla, no solo por su bien, sino por el nuestro”, señala, destacando que la restauración puede ser una herramienta clave para abordar problemas como el cambio climático, la despoblación rural y los riesgos de incendios e inundaciones.
Cortina insiste en la importancia de basar los proyectos en el mejor conocimiento científico disponible, con estándares claros y mecanismos que garanticen calidad y participación social. Además, recalca que “los beneficios de la restauración son inmensamente superiores a los costes, y más que un gasto, debemos verlo como una inversión estratégica”.
El investigador subraya que para que esta ley tenga un impacto real, es fundamental integrar criterios adaptados a las escalas locales y regionales, respetando el valor cultural y socioeconómico de los territorios. “La restauración es más que un compromiso ambiental; es una oportunidad para construir un futuro más resiliente y sostenible para nuestra sociedad”, concluye.
Desde su ámbito ¿Cuáles considera que serán los principales desafíos para implementar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza en España?
Para empezar, es imprescindible que los gobernantes sean conscientes de la importancia de esta Ley, su enorme potencial para mejorar el estado de la naturaleza y las condiciones de vida de la población, y que actúen en consecuencia.
En segundo lugar, es necesario un mejor conocimiento de lo que significa restauración ecológica. Restaurar es mucho más que reforestar, renaturalizar o revegetar. Y la sociedad debe ser consciente de su potencial y sus limitaciones. Las acciones deben estar basadas en el mejor conocimiento disponible; esto significa investigación, monitoreo de los proyectos, acceso a la información, formación… La sociedad debe participar activamente en este reto y las administraciones debe establecer los mecanismos necesarios para garantizar esta participación y promover una distribución justa y equitativa de los beneficios de la restauración.
Es necesario que las administraciones coordinen las acciones y proporcionen las herramientas necesarias para garantizar la calidad de los proyectos, como proyectos de demostración, compendios de buenas prácticas, estándares y sistemas de certificación. Estas cuestiones son esenciales para obtener el mayor beneficio de los proyectos, reducir el riesgo y generar un escenario atractivo para la inversión privada. Finalmente, las administraciones deben generar las directrices, estrategias y herramientas legislativas y financieras necesarias para dar una respuesta ambiciosa a la ley, pero también promover e incentivar las iniciativas locales y los proyectos integrados, a escala de paisaje y largo plazo.
¿Qué oportunidades ofrece este reglamento para avanzar en la restauración de ecosistemas y cómo su sector puede contribuir a maximizar sus beneficios?
Esta ley es única por su alcance y su ambición, y por tratarse de la única regulación de esta magnitud en la que no se establece una relación directa entre degradación y restauración. Aquí se reconoce que existe una degradación, resultado de muchos siglos de actividad humana, y que colectivamente debemos repararla por nuestro bien y el de la naturaleza. Recordemos que no menos del 50% del PIB global (más de 40 billones de euros) depende de la naturaleza y los servicios que suministra.
La Ley responde a la magnitud de la crisis ambiental actual (clima, biodiversidad, desertificación), con objetivos ambiciosos en términos de superficie afectada y esfuerzo social y económico. Es oportuno tener en cuenta que los costes de la restauración son muy inferiores a los beneficios, por lo que podemos hablar de inversiones. En España, la restauración a esta escala no sólo supone una oportunidad para un crecimiento económico sostenible, sino también para abordar algunos de nuestros problemas socio-ecológicos más acuciantes como la adaptación al cambio climático, la reducción de riesgos como incendios, regresión de la costa o inundaciones, o el despoblamiento rural. Desde los centros de investigación y educación superior podemos y debemos contribuir a estos objetivos, generando y transfiriendo conocimiento, contribuyendo a desarrollar herramientas de control de calidad, divulgando, formando y participando en el diálogo que antes mencionaba.
¿Cuáles cree que deberían ser los criterios para priorizar las intervenciones del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza?
La Ley establece criterios de priorización. Algunos, en forma de requisitos de obligado cumplimiento: los objetivos generales y los artículos 4 y 5 relativos a las directivas de la naturaleza europea. Otros, como aspiraciones: los indicadores de éxito para ecosistemas urbanos, agroecosistemas, polinizadores, ríos y llanuras de inundación, ecosistemas forestales, reforestación. Pero no debemos olvidar que la restauración ocurre a escala local, y que debe conjugar los criterios generales con criterios a diferentes escalas, si queremos que tenga el máximo impacto sobre la naturaleza y la población. Por ejemplo, esta ley debería ser útil para abordar los riesgos mencionados anteriormente (incendios, regresión de costa, inundaciones). Esto debería ser una prioridad para el estado y para las CCAA, pues la magnitud de estos fenómenos trasciende la escala local. A escala local, se deben incorporar criterios adicionales que se estimen prioritarios, como el valor cultural o identitario de un espacio natural o los relacionados con la estrategia de desarrollo local. Esto es esencial si queremos contar con la sociedad. Finalmente, debemos ser conscientes de la oportunidad que representa para el desarrollo económico y social, especialmente del entorno rural, priorizando estrategias en este sentido.
