Renovables Respetuosas

La descarbonización de la economía y, por tanto, de nuestros consumos energéticos es algo primordial ante la crisis climática. Y para ello, es imprescindible avanzar para alcanzar un sistema energético eficiente, suficiente, 100 % renovable y justo antes de 2040.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se llevan realizando desde hace años en cuanto a la implantación de energías renovables, seguimos siendo grandes dependientes de los combustibles fósiles, puesto que representan el 78 % de la energía total utilizada en España en 2022 . Esto se debe principalmente a un retraso en la implantación de las renovables (moratoria de las renovables, impuesto al sol, …), al bajo grado de electrificación de la demanda, que apenas ha variado en los últimos años, siendo tan sólo el 23 % en España, y al continuo crecimiento de la demanda energética del país. Es decir, menos de un cuarto de la demanda de energía final es eléctrica y, en consecuencia, el gran avance en el despliegue de renovables se ve eclipsado por los grandes consumos fósiles, sobre todo en sectores no electrificados, como el transporte o la industria, que siguen aumentando su demanda. Lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar y acelerar medidas de reducción de la demanda y de electrificación de nuestros consumos, junto al despliegue de las renovables.

La rápida implementación de las energías renovables, concretamente de las energías fotovoltaica y eólica, a menudo sigue enfoques y estrategias que se asemejan a los utilizados por la industria de los combustibles fósiles: un proceso caótico, opaco, carente de una planificación adecuada y con una participación pública limitada. Esto conduce a las tensiones actuales entre la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, la preservación de la biodiversidad y el objetivo de hacer que la energía sea más accesible para todos. Estos desafíos quedan patentes en los movimientos sociales que critican la forma en la que se está llevando a cabo el desarrollo de las energías renovables en el territorio.

El actual desarrollo de las renovables en suelo es manifiestamente mejorable y, en muchas ocasiones, la normativa permite a los promotores malas prácticas respecto a la participación ciudadana, el cuidado de la biodiversidad y un reparto justo de los beneficios con las comunidades locales que acogen estos desarrollos en sus territorios. Con este informe, Greenpeace quiere contribuir al debate de cómo garantizar un despliegue urgente y, al mismo tiempo, respetuoso con las personas y la biodiversidad.
En este informe se han recopilado e investigado algunos casos de malas y buenas prácticas, así como de normativa estatal y europea que facilitan las malas prácticas. En particular, con este estudio se pretende demostrar que es posible un desarrollo ambicioso de energías renovables respetuoso con las personas, con un reparto justo de los beneficios con las comunidades locales y mejorando y respetando la biodiversidad en España. Sin embargo, no se puede dejar a la aleatoria voluntad de los promotores, sino que se debe legislar para que las buenas prácticas de hoy sean el mínimo legal de los proyectos de mañana y para erradicar las malas prácticas.

Demostrar que es posible un desarrollo ambicioso de energías renovables respetuoso
con las personas, con un reparto justo de los beneficios con las comunidades locales y mejorando y respetando la biodiversidad en España

El informe se basa en datos obtenidos de diversas fuentes oficiales para el Capítulo 1, como ministerios y agencias energéticas de distintas comunidades autónomas de España. En los Capítulos 2, 3 y 4, se consultaron periódicos regionales, estatales, organizaciones de energía y territorio, así como un formulario de Google Forms para recopilar casos de malas prácticas. La investigación se centró en regiones específicas: Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. Se seleccionaron casos de malas prácticas en proyectos de energía renovable, priorizando variación en tecnología y tipo de infracción. Para los Capítulos 5 y 6, se utilizaron fuentes normativas como boletines oficiales y páginas web judiciales.

El estudio revela que, aunque se conocen los criterios para que los proyectos de energías renovables beneficien a las personas y la biodiversidad local, muchos se implementan de manera desordenada, con poca participación ciudadana y bajo un esquema similar al de los combustibles fósiles. Se han identificado malas prácticas en todas las comunidades autónomas estudiadas (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha), como la fragmentación de proyectos, impactos en áreas protegidas, expropiaciones innecesarias y falta de transparencia. Además, algunas normativas estatales, como el RDL 6/2022 y el 20/2022, fomentan la reducción de garantías ambientales y de participación pública, lo que agrava la tensión social y ambiental. El estudio aboga por la promoción de proyectos gestionados por la ciudadanía o que incluyan una participación activa de las comunidades para mejorar su relación con el entorno. Greenpeace considera que estas buenas prácticas deberían ser obliga