Propuestas para una transición energética justa: Las Comunidades Energéticas

La transición energética implica un nuevo modelo en el que nos encontramos con desigualdades, con colectivos vulnerables. Por ello, en los últimos años se está tratando de implementar un adjetivo más a este nuevo paradigma energético y es la justicia. La transición energética tiene que ser justa y, para ello, no puede dejar atrás a ningún colectivo. En este contexto vamos a analizar las posibilidades que las comunidades energéticas pueden ofrecer para integrar plenamente a la ciudadanía, con especial atención a las mujeres, los migrantes o los mayores, colectivos tradicionalmente alejados de la toma decisiones en cualquier ámbito, pero que deben ser partícipes de esta transición y no sólo como actores secundarios, sino como protagonistas y responsables de las tomas de decisiones.
Para ello, vamos a analizar el marco normativo vigente, con especial atención a las directrices trazadas por la Unión Europea y las propuestas nacionales y autonómicas; a fin de trazar el esquema normativo y planificador que puede fortalecer la actuación de las comunidades energéticas como agentes de cambio, hacia una transición energética realmente justa.

La transición energética dista mucho de ser justa, por ello es esencial fomentar mecanismos para acabar con las desigualdades de un modelo en implantación y que lastra muchas deficiencias desde el punto de vista social, que es la perspectiva en la que hemos focalizado nuestro análisis. El objetivo de este estudio es poner de relieve el potencial de las comunidades energéticas, uno de los instrumentos previstos en la normativa comunitaria para la transición energética, para luchar contra las desigualdades energéticas y alcanzar un modelo real de transición justa para la ciudadanía.

-Conocer el contexto actual y sus perspectivas de futuro (análisis de datos).
-Analizar el marco normativo y planificador vigente.
-Proponer actuaciones para fomentar la transición justa a través de las comunidades energéticas en las políticas públicas.

Las comunidades energéticas tienen un fin social, como expresamente se establece en su marco normativo, por ello constituyen un vehículo para la promoción de la justicia social en la transición energética. Asimismo, se configuran como espacios para la integración ciudadana, ya que son mayoritariamente asociaciones, entes locales o directamente los ciudadanos los que participan directamente como socios. Son un instrumento para empoderar a la ciudadanía y ofrecerles un espacio desde el que tomar decisiones e impulsar un nuevo modelo energético, en el que además de cumplir con los criterios ambientales y económicos, también se ha de poner el énfasis en la integración de aquellos colectivos que tradicionalmente quedan ajenos a esta toma de decisiones.