Participación pública en Evaluación de Impacto Ambiental: Proyectos fotovoltaicos en Guadalajara

En el contexto actual de aceleración de la transición energética hacia una matriz mayoritariamente compuesta por fuentes renovables, proliferan las propuestas de proyectos de construcción de plantas solares fotovoltaicas. Sin embargo, esta rápida transición podría estar afectando negativamente al desarrollo territorial y ambiental debido a un insuficiente alcance de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de estos proyectos, en especial de las deficiencias de la participación pública. Particularmente, la provincia de Guadalajara ha registrado un gran incremento de potencia instalada en esta tecnología, el mayor en Castilla-La Mancha, por lo que constituye un caso de análisis de gran interés.
En este estudio se analiza los procesos de participación pública de procedimientos de EIA relativos a proyectos fotovoltaicos ubicados en la provincia de Guadalajara y resueltos entre 2022 e inicios de 2024. Los datos se han obtenido de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 22 expedientes que evaluaban 51 proyectos fotovoltaicos en los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actuado como órgano sustantivo. El objetivo es analizar la efectividad de la participación de los distintos actores sociales interesados en estos proyectos en las fases de consultas y de información pública. En primer lugar, se tiene en cuenta la participación en el proceso de consulta restringida de las entidades de la Administración pública (considerando los niveles estatal, autonómico y local) y de otros actores interesados, como empresas privadas o públicas y el tercer sector. En segundo lugar, se analiza la participación ciudadana en la información pública, mediante el análisis de las alegaciones obtenidas por expediente. Se revisan los factores que inciden en el proceso participativo para identificar los obstáculos a la participación. También se ha consultado a representantes de actores interesados como grupos ecologistas (WWF y Ecologistas en Acción) y administración local (Ayuntamiento de Viñuelas) con el fin de mejorar la interpretación de los resultados.
Al analizar los datos obtenidos, se contrastan los resultados con estudios de otros autores sobre la participación pública en la EIA en España, así como con el marco legislativo y la revisión del Convenio de Aarhus para España en 2020. Se observa que, en la fase de consultas a administraciones públicas afectadas y partes interesadas, las administraciones locales y las entidades del tercer sector presentan dificultades técnicas para participar. En la fase de información pública se detecta una clara falta de participación, ya que la mayoría de las alegaciones se acumulan en dos expedientes con elevados niveles de conflictividad social.
En conclusión, se observa baja participación por parte de las organizaciones del tercer sector y de la administración local, causada probablemente por falta de capacitación y recursos. Además, los obstáculos en la fase de información pública, como el periodo de participación y los medios de difusión, dificultan el acceso de los ciudadanos a estos proyectos.
Es crucial revisar los mecanismos actuales de estos procesos participativos para proporcionar herramientas efectivas y accesibles que permitan la participación e integración de propuestas formuladas por los diversos actores, incluyendo aquellos con menor capacidad. A su vez, es conveniente fomentar una cultura participativa real y realizar revisiones periódicas sobre la calidad de estos procedimientos en la EIA.

El propósito principal de este estudio es evaluar la eficacia de la participación pública en los expedientes de proyectos fotovoltaicos sometidos a evaluaciones de impacto ambiental ordinarias en la provincia de Guadalajara. La investigación se centra específicamente en los proyectos que han recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) entre principios de 2022 y enero de 2024, un periodo marcado por una notable inestabilidad en el mercado energético. Para cumplir con estos objetivos, se ha analizado una muestra de 22 expedientes que incluye un total de 51 proyectos fotovoltaicos. Estos expedientes han sido gestionados por la Dirección General de Política Energética del MITECO, mientras que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha actuado como órgano ambiental competente.

La metodología utilizada se basa en la recopilación de datos administrativos secundarios, obtenidos a partir de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), específicamente del Anexo I, el cual brinda información detallada sobre las administraciones afectadas y personas interesadas, las respuestas emitidas, así como un resumen de las alegaciones presentadas durante el periodo de participación pública. Adicionalmente, se han realizado entrevistas a actores locales para identificar sus principales preocupaciones y evaluar su consideración en el proceso de toma de decisiones. Este análisis permite evaluar el grado de inclusión de los diferentes actores implicados en el proceso de participación pública de la EIA así como sus limitaciones en el acceso a una participación pública real considerando las consultas restringidas y públicas.

El estudio revela que la participación pública en proyectos fotovoltaicos en Guadalajara (2022-2024) ha sido ineficaz, obstaculizada por la falta de recursos en ONGs y entidades locales, además de problemas de coordinación y sobrecarga en las administraciones. Las consultas públicas, con trámites en periodos vacacionales y difusión limitada, dificultan la intervención ciudadana y generan desmotivación, especialmente entre ONGs comprometidas. Esta situación, impulsada por la urgencia de alcanzar objetivos energéticos, excluye actores clave y compromete la calidad de las decisiones ambientales. Se recomienda mejorar los mecanismos de participación y coordinación institucional para una transición energética más inclusiva y sostenible.