El acceso a la justicia es el pilar con más recorrido de mejora. La Ley 27/2006 reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales, pero muchas organizaciones desconocen ese derecho o encuentran dificultades para activarlo. A ello se suman unos plazos judiciales que alcanzan de media los 19 meses en los Tribunales Superiores de Justicia —según datos del CGPJ recogidos en el Informe Nacional de Cumplimiento presentado ante la UNECE en 2025— y la falta de ejecución de sentencias favorables. El Barómetro identifica, sin embargo, experiencias positivas: la creciente abogacía pro-bono y la especialización judicial en el ámbito hídrico demuestran que el cambio es posible. Las medidas necesarias son concretas y realizables: formación de funcionarios, instrucciones claras a los colegios de abogados, reducción de plazos y refuerzo en la ejecución de sentencias.

El hallazgo más transversal es también el más esperanzador: el principal obstáculo para la aplicación del Convenio es el desconocimiento, y el desconocimiento tiene solución. El 53,1% de los profesionales tiene un conocimiento nulo o básico del Convenio, incluyendo el 57,4% de quienes trabajan en la administración pública. Más formación y comunicación es la propuesta más repetida y la que mayor impacto tendría a corto plazo.

La investigación reconoce el papel fundamental de la administración local como nivel más cercano a la ciudadanía y señala que sus dificultades responden a escasez de medios y acompañamiento técnico. En este contexto, las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares emergen como actores clave para apoyar a los municipios, replicando experiencias ya exitosas en algunos territorios.